La jurisprudencia reciente determinó que no es posible dictar una orden de arresto contra un deudor de pensión alimenticia si no existe un desglose claro y detallado de la deuda. El fallo establece que la denominada “deuda por arrastre” debe estar respaldada por una liquidación precisa que indique los montos exactos adeudados, diferenciando capital, intereses y pagos parciales.

De esta forma, se protege el derecho a la defensa del deudor y se evita que los tribunales dicten medidas privativas de libertad basadas en cifras imprecisas o en simples estimaciones. La decisión busca equilibrar la protección del derecho de los menores a recibir pensión de alimentos con las garantías del debido proceso para el alimentante.

Este pronunciamiento se convierte en un precedente relevante en materia de familia, ya que impone un estándar más estricto para aplicar medidas de apremio como el arresto, reforzando la transparencia y la seguridad jurídica en los juicios de alimentos.

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